LEY 29486 PDF

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Author:Dirn Zujas
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):20 June 2008
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En el mes de Diciembre del ao , entr en vigencia la Ley nmero , la misma que modific el Cdigo Procesal Civil, incorporando el artculo A, el mismo que incorpora como un requisito especial para la admisin de la demanda de reduccin, variacin, prorrateo o exoneracin de la pensin alimenticia, que el demandante obligado a la prestacin de alimentos, acredite encontrase al da en el pago de la pensin alimenticia.

As pues, antes de analizar tal modificacin a la ley adjetiva, es necesario advertir la configuracin legal de cada una de las variantes de la pretensin alimentaria: Reduccin de alimentos: Se encuentra prevista en el artculo del Cdigo Civil, prescribiendo que la pensin alimenticia se reduce segn la disminucin que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla.

Cuando el monto de la pensin se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla.

Dicho reajuste se produce automticamente segn las variaciones de dichas remuneraciones. Variacin de alimentos: Se encuentra prevista en el artculo del Cdigo Civil, segn el cual, el obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensin, cuando motivos especiales justifiquen esa medida.

Prorrateo de alimentos: Se encuentra previsto en el artculo del Cdigo Civil segn el cual, cuando sean dos o ms los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensin en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades.

Sin embargo en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, si perjuicio de su derecho a repetir de los dems la parte que les corresponda. Exoneracin de alimentos: Se encuentra previsto en el artculo del Cdigo Civil, segn el cual, el obligado a prestar los alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no puede atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desparecido en el alimentista el estado de necesidad.

Tratndose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensin alimenticia por resolucin judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayora de edad. Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad fsica o mental debidamente comprobada o el alimentista esta siguiendo una profesin u oficio exitosamente, puede pedir que la obligacin contine vigente. As pues, con la entrada en vigencia de la ley , se exige a cualquier deudor alimentario que pretenda accionar judicialmente, exoneracin, reduccin, variacin o prorrateo de alimentos, acreditar encontrase al da en la pensin alimenticia a la que estuvo obligado, posicin parecida pero no similar al requisito de procedibilidad que se exige a la persona que pretenda accionar judicialmente divorcio por la causal de separacin de hecho y cuyo sustento normativo se encuentra previsto en la ley , y previsto en el artculo A del Cdigo Civil, pero que en el fondo entraan diferencias sustanciales debido a la finalidad distinta de cada accin y que paso a detallar.

Ver Proyecto de Ley presentado como anexo. Sin embargo en el caso de las pretensiones de reduccin, variacin y prorrateo de alimentos, la situacin real y concreta de los deudores alimentarios es obtener una pensin alimenticia menor, por cuanto consideran que la vigente resulta excesiva, y con su ingreso mensual el mismo que ha disminuido no pueden cubrir las necesidades del alimentista, presentndose en la realidad las siguientes situaciones: a Hay muchas personas a las que se le fij una pensin alimenticia elevada cuando efectivamente perciban un ingreso alto, pero luego fueron despedidos, o pasaron a laborar a otra institucin en donde perciben ingresos inferiores, debido a diversos factores edad en el caso de entidades privadas, desempleo, quiebra de las empresas, etc.

En consecuencia, es importante antes de analizar la presunta inconstitucionalidad de la ley , precisar claramente, qu concibe nuestro Tribunal Constitucional respecto del derecho a la tutela judicial efectiva. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del rgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estndares mnimos establecidos por los instrumentos internacionales.

El artculo 4 del Cdigo Procesal Constitucional, establece que se entiende por tutela procesal efectiva aquella situacin jurdica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al rgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdiccin predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtencin de una resolucin fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuacin adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal[2] En consecuencia, el debido proceso parte de la concepcin del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta a travs de las garantas que, dentro de un ter procesal diseado en la ley, estn previstas en la Constitucin Poltica del Per.

Rafael Saraza Jimena plantea que el derecho a la tutela judicial efectiva despliega sus efectos en tres etapas, a saber: en el acceso al proceso y a los recursos a lo largo del proceso en lo que la doctrina conoce como derecho al debido proceso o litis con todas las garantas; en la instancia de dictar una resolucin invocando un fundamento jurdico y, finalmente, en la etapa de ejecutar la sentencia. En ese orden de ideas, la vulneracin del derecho a la tutela judicial efectiva puede tener lugar, entre otras situaciones, cuando se produce el rechazo liminar de una demanda invocndose una causal de improcedencia impertinente; con la inadmisin de un recurso ordinario o extraordinario; con la aplicacin de la reformatio in peius; y con la ejecucin de la sentencia modificndose sus propios trminos, o con su inejecutabilidad.

En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite tambin que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la participacin o acceso del justiciable a los diversos mecanismos procesos que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensin, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este ltimo materializado con una mnima y sensata dosis de eficacia.

En el contexto descrito, considera el Colegiado Constitucional que, cuando el ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdiccin, como manifestacin de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta en la obligacin de estimar favorablemente toda pretensin formulada, sino que simplemente, sienta la obligacin de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderacin en torno a su procedencia o legitimidad.

No es, pues, que el resultado favorable est asegurado con solo tentarse un petitorio a travs de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el rgano encargado de la administracin de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de anlisis con miras a la expedicin de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo sealado, la judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituacin alguna lo que se le pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna.

La tutela judicial efectiva no significa, pues, la obligacin del rgano jurisdiccional de admitir a trmite toda demanda, ni que, admitida a trmite, tenga necesariamente que declararse fundada dicha demanda.

Cabe tambin puntualizar que, para la admisin a trmite, el juez solo puede verificar la satisfaccin de los requisitos formales de admisibilidad y procedencia sealados en la ley procesal; exigencias relacionadas con la validez de la relacin procesal que, como sabemos, se asientan en los presupuestos procesales y en las condiciones de la accin; es decir, exigencias que tienen que ver con la competencia absoluta del juez, la capacidad procesal del demandante o de su representante, los requisitos de la demanda, la falta de legitimidad del demandante o del demandado e inters para obrar asimila voluntad de la ley-caso justiciable.

Se trata del ejercicio del derecho a la accin que no se identifica con la pretensin que constituye el elemento de fondo basado en las razones de pedir y que ha de significar la carga de la prueba. Es en la sentencia donde el juez declara dice el derecho y no liminarmente; por ello, puede haber proceso con demanda desestimada en el fondo.

Y es que, como lo expresa Peyrano, cualquiera puede demandar a cualquiera por cualquier cosa con cualquier dosis de razn. Trujillo, 07 de Diciembre del ao Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido el Estado asegura los programas de educacin y la informacin adecuada y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Tambin consagra que, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos.

Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Asimismo el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado enfticamente sobre el Derecho a la educacin de los nios, como pilar fundamental de la construccin de los hombres que maana decidirn nuestro destino. Al respecto, el artculo 28, de la Convencin sobre los Derechos del Nio, seala expresamente que: Los Estados partes reconocen el derecho del nio a la educacin y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, debern en particular: a Implantar la enseanza primaria obligatoria y gratuita para todosd hacer que todos los nios dispongan de informacin y orientacin en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas, e Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de desercin escolar.

Previamente el Tribunal precisa que, resulta indiscutible que, si efectivamente el demandado hubiera impedido que el beneficiario se matriculara para seguir en el siguiente ao escolar, se habra afectado el derecho a la educacin del favorecido; siendo que no solo se trata de un deber de los padres para con sus hijos, sino tambin un derecho el de la educacin que cabe oponer y exigir al Estado. Si la Constitucin ha establecido que los padres tienen el deber de brindar educacin a sus hijos, respecto al Estado ha declarado que ste est en la obligacin de proteger especialmente al nio y al adolescente.

Naturalmente esta proteccin especial implica primeramente la obligacin de permitirle ingresar a un centro educativo, as como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a impedir que nadie se vea impedido de recibir educacin adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas.

Evidentemente, se incumple ese deber especial, por ejemplo, cuando el Estado, a travs de sus rganos y funcionarios competentes, niega a un menor la posibilidad de continuar sus estudios, sin existir motivos razonables para ello. En esta resolucin, el Tribunal resalta el valor instrumental del artculo 3. As pues, el Estado a travs de todas sus instituciones y especialmente el Poder Judicial, debe velar por el cumplimiento del Principio de Paternidad Responsable, viabilizando la educacin de todos los peruanos a fin de contar con ciudadanos instruidos, pues as se construye ciudadanos con espritu crtico y democrtico.

Tratndose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensin alimenticia por resolucin judicial esta de regir al llegar aquellos a la mayora de edad. Sin embargo si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad fsica o mental debidamente comprobada o el alimentista est siguiendo una profesin u oficio exitosamente, puede pedir que la obligacin contine vigente.

Actualmente, se presenta una situacin de desamparo legal para aquellos menores alimentistas que llegaron a la mayora de edad 18 aos , y en forma inmediata su padre, solicita judicialmente se le exonere de seguir acudiendo con la pensin alimenticia en estricto cumplimiento de lo normado por el artculo del Cdigo Civil, pese a que adeuda pensiones alimenticias en algunos casos mas de cuatro o cinco aos consecutivos.

Ante ello, resultan inmediatas las siguientes interrogantes: Cmo puede cursar estudios satisfactorios un nio o adolescente que adquiri la mayora de edad, si su padre, desde que tena 13 o 14 aos, nunca le proporcion la pensin a que estuvo obligado?

Acaso el padre al adeudar pensiones alimenticias ascendente a periodos que inclusive superan cinco aos, ha incumplido con el Principio de Paternidad Responsable?

Es el padre irresponsable que adeuda pensiones alimenticias devengadas, el generador de un estado de necesidad en su hijo? Podr acceder a alguna institucin superior pblica o privada un adolescente o mayor de de edad inclusive, cuando no cuenta con el recurso econmico que su padre estaba obligado judicialmente a otorgarlo? Las respuestas ante tales interrogantes resultan obvias, pues un alimentistas sin el apoyo econmico de sus padres, no podr acceder a ninguna institucin superior ni siquiera de naturaleza pblica, pues la educacin demanda otros gastos, como movilidad, tiles, ropa, alimentacin, vestido, etc.

Es por ello que, en la actualidad existe el criterio de amparar tales pretensiones, pues el artculo del Cdigo Civil, prescribe claramente que, tratndose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensin alimenticia por resolucin judicial esta de regir al llegar aquellos a la mayora de edad, y solo subsistir la pensin, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad fsica o mental debidamente comprobada o el alimentista est siguiendo una profesin u oficio exitosamente, puede pedir que la obligacin contine vigente.

Ante tal argumento legal, es que en muchsimos casos, se ha dispuesto la exoneracin de pensiones alimenticias de personas de 18 o 19 aos, que no estudian y posiblemente no estudiarn, pues su padre nunca cumpli con su obligacin alimentaria, adeudndole inclusive pensiones alimenticias de dos, tres, cuatro, cinco o ms aos. Para tal efecto, el demandante debe acreditar que se encuentra al da en el pago de la pensin alimentaria a la que estuvo obligado.

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